De acuerdo con un sondeo de la firma Ipsos-Apoyo divulgado este domingo por el diario El Comercio, Ollanta Humala ostenta un 56% de aprobación, mientras que en octubre la cifra era de 62 por ciento. Además, su índice de desaprobación alcanzó el 34%, luego de que en la última medición fuera del 22 por ciento.
Quienes aprueban al gobernante dicen que él está realizando un cambio para la mejora del país, lucha contra la corrupción, está cumpliendo lo prometido en su campaña y se preocupa por los más pobres, según los datos de la encuesta.
El estudio apunta, por otro lado, que la primera dama, Nadine Heredia, goza de un 63% de aprobación y una desaprobación del 33 por ciento. Según analistas, esa percepción se debe, principalmente, a su preocupación por los problemas de las comunidades y a la participación, con discursos, en las reuniones de su esposo con pobladores en el interior del país. Desde que Humala llegó al poder, Heredia es señalada por opositores y reportes de prensa como su posible sucesora.
Alfredo Torres, director de la consultora privada, señaló que la caída de la aprobación de la gestión del gobierno en noviembre se debe a dos temas: el escándalo de su vicepresidente segundo Omar Chehade, acusado de un supuesto tráfico de influencias, y a los conflictos mineros.
El caso de Chehade acapara la atención política desde que una investigación develó, semanas atrás, un presunto caso de tráfico de influencias para fomentar desalojo ilegal de la azucarera Andahuasi, administrada por los trabajadores, y así beneficiar al grupo Wong, uno de los accionistas en conflicto.
El 86% de los consultados por Ipsos Apoyo considera que el funcionario debe renunciar. Además, un 67% afirma que su permanencia es un desplante al presidente Humala.
El Congreso decidió abrir una investigación contra Chehade por una supuesta infracción constitucional y la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. La Fiscalía, que también se encuentra investigando el caso, lo interrogó el pasado viernes durante tres horas, aunque no se ofreció información sobre sus declaraciones.
El pasado 8 de noviembre, Chehade anunció públicamente que había tomado la decisión de "no ejercer las funciones" de su cargo de vicepresidente mientras se realizan las investigaciones. Emitió ese pronunciamiento, que no supone una renuncia al cargo, dos días después de que el presidente Humala le aconsejara "dar un paso al costado".
lunes, 21 de noviembre de 2011
jueves, 15 de septiembre de 2011
"La Corrupción en España, la ven como un problema menor"
Acusado de prevaricación en tres causas distintas, Baltasar Garzón, el juez más perseguido en los últimos tiempos, sobre todo después de querer investigar los crímenes del franquismo, reconoce abiertamente que los magistrados pueden sentirse presionados cuando tratan de luchar contra la corrupción, un ámbito asociado más que nunca a la política. En su discurso, aunque sin mencionar explícitamente al PP, pone ejemplos que evocan a los casos relacionados con este partido, como la trama Gürtel, investigada inicialmente por él. Ayer, participó en un ciclo de conferencias sobre el impacto de la corrupción económica en los países, organizado por la Escuela Andaluza de Economía. En la entrevista con Público el juez sólo admitió preguntas circunscritas al tema de su intervención.
¿En qué medida la política fomenta la corrupción?
No se puede hablar con carácter general, pero sin duda la política es uno de los ámbitos en los que la corrupción pública y privada, en cuanto la privada tiende a influir en la esfera de lo público, se produce. Y no ya en España, sino con carácter general en todos los países. La propia cuestión relacionada con la financiación de los partidos es un ámbito clásico. La ineficacia de las instituciones o la falta de coordinación de las mismas pueden favorecer que en determinados ámbitos, como los relacionados con el suelo o el medio ambiente, se produzca la corrupción.
¿Se puede decir que la política es una de las causas de la corrupción?
Está íntimamente relacionada con ella, pero no se puede decir con carácter general que sea la causa de la corrupción. Es más bien un ámbito en que la corrupción y, sobre todo, los grupos que la practican van a tratar de controlar, de buscar los espacios más favorables para conseguir el beneficio económico que persiguen.
Pero parece que esas actuaciones al final no tienen coste, ni político ni judicial. Es como si la sociedad estuviera acostumbrándose a la corrupción. ¿Lo cree así?
Sí, en España es curioso el fenómeno, porque las encuestas dicen que más del 60% de la población asume que la corrupción está arraigada y el 54% se muestra contrario a ella. Pero luego, en la votación en las urnas, se vuelve a elegir a aquellos que están señalados por o presuntamente por la corrupción.
¿Por qué?
Porque creo que hay una especie de conciencia en España no a favor, pero sí de que la corrupción es un problema menor. Importa no tanto el comportamiento corrupto como que te sorprendan. Porque también hay una inclinación individual hacia la corrupción, y también a creer que aquello que tú haces no tiene relevancia social, sino que la relevancia viene por parte de otros.
Eso es justamente lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso Gürtel' o el caso de los trajes', ambos relacionados con el PP. Estallaron en su momento y ahora parece que se han descafeinado.
Yo no puedo hablar mucho de ese tema porque fui el juez que inicialmente llevó la investigación, pero eso suele suceder cuando las investigaciones se dilatan en el tiempo, que la sociedad pierde el punto de referencia. Y también cuando se producen informaciones muy contradictorias acerca de ese fenómeno.
¿Como cuáles?
En este caso en particular ha habido intereses cruzados muy potentes para que el mensaje no fuera el que exactamente se desprendía de la instrucción. El devenir judicial de una causa tiene su importancia y cuando se extiende en el tiempo y se trata de actividades presuntamente delictivas organizadas, se pierde esa fuerza que inicialmente tiene. En todo caso, habrá que esperar a que se visualice la acción de la Justicia en un juicio para llegar a una conclusión definitiva. Aun siendo investigaciones complejas, no pueden dilatarse en el tiempo hasta el punto de que se pierda la referencia de los hechos que se investigan.
¿Esa dilación convertiría en cómplice de la corrupción a la Justicia?
No, eso lo que demuestra es que la Justicia y sus tiempos deben ser un tema de estudio en profundidad y de resolución. La acción de la Justicia debe ser ágil y eficaz. La ultima encuesta conocida hoy [por ayer] del Consejo General de la Abogacía incide en esto. No se reprocha a los jueces que pierdan su imparcialidad, sino que las dilaciones existen y acaban produciendo una desconfianza profunda en la Justicia. Por tanto, hay que solventar eso y de una forma contundente. No se puede permitir que la Justicia esté en entredicho y, sobre todo, que no genere la confianza que los ciudadanos demandan, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque se le puedan poner muchos peros a las encuestas, no es una encuesta sobre la situación en general del país. Normalmente, las personas que opinan sobre la Justicia es porque han tenido algún contacto con ella. No nos vale, por tanto, a los jueces minimizar la importancia de esas encuestas.
Pero partiendo de esa imparcialidad, ¿se producen casos en los que los jueces se sientan presionados por luchar contra la corrupción?
Pueden producirse, en ese y en otros muchos casos, en crímenes organizados, en crímenes que afecten a ámbitos de acciones terroristas... El problema no está ahí. El delincuente o aquel que comete hechos graves puede tener la tendencia de influir en el juez que está investigando, que está juzgando. El problema está en el juez que se deje presionar o intimidar, es decir, que no denuncie el hecho o que no se retire en el momento en que ese hecho se produzca. Consentir esa situación es lo que genera un comportamiento delictivo en el juez.
¿En qué medida el capitalismo fomenta la corrupción?
El capitalismo ha pasado de ser una especie de sistema de expropiación de bienes a ser un sistema en el que los lobbies, los grupos mafiosos, criminales, están robando los valores y por tanto hay que plantearse muy seriamente cuál es esa situación. La crisis es un buen ejemplo de ello. El capitalismo tiene las manos sucias, las manos manchadas con comportamientos no sólo de la corrupción, sino con otros que han propiciado la situación. Por tanto el cambio tiene que ser más profundo. Si sólo se combaten los efectos y no las causas, se volverá a repetir y las consecuencias serán más graves. Sí tiene una responsabilidad y, sobre todo, la tienen los que han interpretado que el capitalismo salvaje es una fórmula para solventar los problemas cuando es lo que los está generando.
¿En qué medida la política fomenta la corrupción?
No se puede hablar con carácter general, pero sin duda la política es uno de los ámbitos en los que la corrupción pública y privada, en cuanto la privada tiende a influir en la esfera de lo público, se produce. Y no ya en España, sino con carácter general en todos los países. La propia cuestión relacionada con la financiación de los partidos es un ámbito clásico. La ineficacia de las instituciones o la falta de coordinación de las mismas pueden favorecer que en determinados ámbitos, como los relacionados con el suelo o el medio ambiente, se produzca la corrupción.
¿Se puede decir que la política es una de las causas de la corrupción?
Está íntimamente relacionada con ella, pero no se puede decir con carácter general que sea la causa de la corrupción. Es más bien un ámbito en que la corrupción y, sobre todo, los grupos que la practican van a tratar de controlar, de buscar los espacios más favorables para conseguir el beneficio económico que persiguen.
Pero parece que esas actuaciones al final no tienen coste, ni político ni judicial. Es como si la sociedad estuviera acostumbrándose a la corrupción. ¿Lo cree así?
Sí, en España es curioso el fenómeno, porque las encuestas dicen que más del 60% de la población asume que la corrupción está arraigada y el 54% se muestra contrario a ella. Pero luego, en la votación en las urnas, se vuelve a elegir a aquellos que están señalados por o presuntamente por la corrupción.
¿Por qué?
Porque creo que hay una especie de conciencia en España no a favor, pero sí de que la corrupción es un problema menor. Importa no tanto el comportamiento corrupto como que te sorprendan. Porque también hay una inclinación individual hacia la corrupción, y también a creer que aquello que tú haces no tiene relevancia social, sino que la relevancia viene por parte de otros.
Eso es justamente lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso Gürtel' o el caso de los trajes', ambos relacionados con el PP. Estallaron en su momento y ahora parece que se han descafeinado.
Yo no puedo hablar mucho de ese tema porque fui el juez que inicialmente llevó la investigación, pero eso suele suceder cuando las investigaciones se dilatan en el tiempo, que la sociedad pierde el punto de referencia. Y también cuando se producen informaciones muy contradictorias acerca de ese fenómeno.
¿Como cuáles?
En este caso en particular ha habido intereses cruzados muy potentes para que el mensaje no fuera el que exactamente se desprendía de la instrucción. El devenir judicial de una causa tiene su importancia y cuando se extiende en el tiempo y se trata de actividades presuntamente delictivas organizadas, se pierde esa fuerza que inicialmente tiene. En todo caso, habrá que esperar a que se visualice la acción de la Justicia en un juicio para llegar a una conclusión definitiva. Aun siendo investigaciones complejas, no pueden dilatarse en el tiempo hasta el punto de que se pierda la referencia de los hechos que se investigan.
¿Esa dilación convertiría en cómplice de la corrupción a la Justicia?
No, eso lo que demuestra es que la Justicia y sus tiempos deben ser un tema de estudio en profundidad y de resolución. La acción de la Justicia debe ser ágil y eficaz. La ultima encuesta conocida hoy [por ayer] del Consejo General de la Abogacía incide en esto. No se reprocha a los jueces que pierdan su imparcialidad, sino que las dilaciones existen y acaban produciendo una desconfianza profunda en la Justicia. Por tanto, hay que solventar eso y de una forma contundente. No se puede permitir que la Justicia esté en entredicho y, sobre todo, que no genere la confianza que los ciudadanos demandan, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque se le puedan poner muchos peros a las encuestas, no es una encuesta sobre la situación en general del país. Normalmente, las personas que opinan sobre la Justicia es porque han tenido algún contacto con ella. No nos vale, por tanto, a los jueces minimizar la importancia de esas encuestas.
Pero partiendo de esa imparcialidad, ¿se producen casos en los que los jueces se sientan presionados por luchar contra la corrupción?
Pueden producirse, en ese y en otros muchos casos, en crímenes organizados, en crímenes que afecten a ámbitos de acciones terroristas... El problema no está ahí. El delincuente o aquel que comete hechos graves puede tener la tendencia de influir en el juez que está investigando, que está juzgando. El problema está en el juez que se deje presionar o intimidar, es decir, que no denuncie el hecho o que no se retire en el momento en que ese hecho se produzca. Consentir esa situación es lo que genera un comportamiento delictivo en el juez.
¿En qué medida el capitalismo fomenta la corrupción?
El capitalismo ha pasado de ser una especie de sistema de expropiación de bienes a ser un sistema en el que los lobbies, los grupos mafiosos, criminales, están robando los valores y por tanto hay que plantearse muy seriamente cuál es esa situación. La crisis es un buen ejemplo de ello. El capitalismo tiene las manos sucias, las manos manchadas con comportamientos no sólo de la corrupción, sino con otros que han propiciado la situación. Por tanto el cambio tiene que ser más profundo. Si sólo se combaten los efectos y no las causas, se volverá a repetir y las consecuencias serán más graves. Sí tiene una responsabilidad y, sobre todo, la tienen los que han interpretado que el capitalismo salvaje es una fórmula para solventar los problemas cuando es lo que los está generando.
miércoles, 31 de agosto de 2011
¿La Corrupción es un mal imbatible?
La corrupción ha adquirido una dimensión política que puede llegar a ser decisiva a la hora de evaluar las relaciones entre gobernantes y gobernados
Una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), cuyos resultados más relevantes fueron publicados en la última edición dominical de este matutino, ofrece un panorama muy desalentador sobre la actitud y las percepciones de los cochabambinos sobre uno de los males que más daño causa a nuestra sociedad: la corrupción.
En efecto, los resultados arrojados por el estudio que comentamos indican que la inmensa mayoría de la población cochabambina (más del 90 por ciento) considera que la corrupción es un mal que está fuera de control, 80 por ciento no alienta ninguna esperanza en que el Gobierno actual tenga alguna posibilidad de éxito para enfrentar y derrotar este flagelo y sólo ocho de cada 10 personas tienen una percepción optimista al respecto.
Que así sea no es, por supuesto, nada nuevo. Muy por el contrario, desde que los sondeos de opinión pública comenzaron a ser aplicados en nuestro país como un instrumento de investigaciones sociológicas, el tema de la corrupción –y la percepción que sobre el problema tiene la ciudadanía– ha sido uno de los más estudiados. Y todos ellos han coincidido, con muy pequeños márgenes de variación, en identificar a éste como uno de los principales males de nuestra ciudad.
Siendo eso así, es evidente que sería muy injusto atribuir al Gobierno actual la mayor parte de la culpa. No es menos cierto, sin embargo, que no resulta muy alentador, desde el punto de vista de las actuales autoridades gubernamentales, saber que los esfuerzos hechos durante los cinco años transcurridos desde el inicio de la actual gestión no han sido suficientes para cambiar la imagen que la ciudadanía tiene de la manera como desde el aparato estatal se administran los bienes colectivos.
Que así sea no es un dato irrelevante si se considera que, además de sus connotaciones estrictamente éticas, el tema de la corrupción y la percepción que de ella tiene la población en nuestro país, como en todas las sociedades del mundo moderno, posee una muy importante carga política.
Al respecto, no puede olvidarse que entre los factores que suelen ser identificados como los detonantes de las rebeliones populares de los últimos tiempos se destaca la indignación colectiva por la manera poco transparente como las autoridades administran el patrimonio colectivo, sin importar el signo ideológico con el que se identifiquen.
En el caso nuestro, como es fácil recordar, la percepción negativa sobre la conducta de las autoridades públicas contribuyó en gran medida a la debacle del sistema de partidos vigente entre 1982 y 2002. La creencia de que la corrupción era un mal inherente a ese sistema y que una radical transformación política sería suficiente para modificar la situación fue uno de los principales motivos de la masiva esperanza depositada en los nuevos actores, por lo que resulta comprensible que en éste, como en otros asuntos, la frustración sea proporcional a las expectativas que la precedieron.
Una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), cuyos resultados más relevantes fueron publicados en la última edición dominical de este matutino, ofrece un panorama muy desalentador sobre la actitud y las percepciones de los cochabambinos sobre uno de los males que más daño causa a nuestra sociedad: la corrupción.
En efecto, los resultados arrojados por el estudio que comentamos indican que la inmensa mayoría de la población cochabambina (más del 90 por ciento) considera que la corrupción es un mal que está fuera de control, 80 por ciento no alienta ninguna esperanza en que el Gobierno actual tenga alguna posibilidad de éxito para enfrentar y derrotar este flagelo y sólo ocho de cada 10 personas tienen una percepción optimista al respecto.
Que así sea no es, por supuesto, nada nuevo. Muy por el contrario, desde que los sondeos de opinión pública comenzaron a ser aplicados en nuestro país como un instrumento de investigaciones sociológicas, el tema de la corrupción –y la percepción que sobre el problema tiene la ciudadanía– ha sido uno de los más estudiados. Y todos ellos han coincidido, con muy pequeños márgenes de variación, en identificar a éste como uno de los principales males de nuestra ciudad.
Siendo eso así, es evidente que sería muy injusto atribuir al Gobierno actual la mayor parte de la culpa. No es menos cierto, sin embargo, que no resulta muy alentador, desde el punto de vista de las actuales autoridades gubernamentales, saber que los esfuerzos hechos durante los cinco años transcurridos desde el inicio de la actual gestión no han sido suficientes para cambiar la imagen que la ciudadanía tiene de la manera como desde el aparato estatal se administran los bienes colectivos.
Que así sea no es un dato irrelevante si se considera que, además de sus connotaciones estrictamente éticas, el tema de la corrupción y la percepción que de ella tiene la población en nuestro país, como en todas las sociedades del mundo moderno, posee una muy importante carga política.
Al respecto, no puede olvidarse que entre los factores que suelen ser identificados como los detonantes de las rebeliones populares de los últimos tiempos se destaca la indignación colectiva por la manera poco transparente como las autoridades administran el patrimonio colectivo, sin importar el signo ideológico con el que se identifiquen.
En el caso nuestro, como es fácil recordar, la percepción negativa sobre la conducta de las autoridades públicas contribuyó en gran medida a la debacle del sistema de partidos vigente entre 1982 y 2002. La creencia de que la corrupción era un mal inherente a ese sistema y que una radical transformación política sería suficiente para modificar la situación fue uno de los principales motivos de la masiva esperanza depositada en los nuevos actores, por lo que resulta comprensible que en éste, como en otros asuntos, la frustración sea proporcional a las expectativas que la precedieron.
martes, 21 de junio de 2011
40 notarios y registradores, investigados por temas de corrupción.
La Superintendencia de Notariado y Registro abrió investigación contra 40 personas, al encontrar que dichos funcionarios se encuentran involucrados en casos de entregas irregulares de tierras.
Por los mismos hechos que en su mayoría han ameritado apertura de investigaciones debido a denuncias de la ciudadanía, han sido destituidos 5 registradores. Los funcionarios destituidos son los ejercían en los municipios de Girardota, Acacias, Carmen de Bolívar, Agua de Dios y San Martín.
Por los mismos hechos que en su mayoría han ameritado apertura de investigaciones debido a denuncias de la ciudadanía, han sido destituidos 5 registradores. Los funcionarios destituidos son los ejercían en los municipios de Girardota, Acacias, Carmen de Bolívar, Agua de Dios y San Martín.
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